A casi tres años del asesinato de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, a manos de policías municipales controlados por bandas de narcotraficantes, el Gobierno mexicano no termina de convencer a sus padres, ni a la sociedad de haber encontrado a los culpables.
Decenas de detenidos, miles de horas de peritajes forenses invertidas en reconstruir los cuerpos calcinados, y millones de pesos del erario público destinado a investigadores extranjeros, en los que se confía la opinión pública, son el telón de fondo donde el caso Ayotzinapa se complica cada vez más. La mayoría de los padres recibe asesoría de grupos defensores de derechos humanos y organismos de la sociedad civil, porque el gobierno no quiere ‘contaminar sus testimonios con ayudas económicas’.
Estos 30 meses han sido un desgaste en lo emocional, lo económico y hasta lo espiritual para estas familias. Lo cierto es que 43 estudiantes que querían ser maestros en sus comunidades rurales fueron detenidos, secuestrados, fusilados y quemados en un basurero, sin que las autoridades hicieran algo para evitarlo.
Decenas de detenidos, miles de horas de peritajes forenses invertidas en reconstruir los cuerpos calcinados, y millones de pesos del erario público destinado a investigadores extranjeros, en los que se confía la opinión pública, son el telón de fondo donde el caso Ayotzinapa se complica cada vez más. La mayoría de los padres recibe asesoría de grupos defensores de derechos humanos y organismos de la sociedad civil, porque el gobierno no quiere ‘contaminar sus testimonios con ayudas económicas’.
Estos 30 meses han sido un desgaste en lo emocional, lo económico y hasta lo espiritual para estas familias. Lo cierto es que 43 estudiantes que querían ser maestros en sus comunidades rurales fueron detenidos, secuestrados, fusilados y quemados en un basurero, sin que las autoridades hicieran algo para evitarlo.
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