“No podemos negar que en Venezuela hay censura en cuanto a la información, especialmente sobre el COVID. No nada más el COVID, sino cualquier otro tema con el que el gobierno se pueda ver afectado”, denunció Miriam Pacheco, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) del estado Miranda.
La comunicadora resaltó en una conversación con HispanoPost que son pocos los medios y periodistas que se atreven a hablar abiertamente de las cifras de afectados por la pandemia del COVID-19. “Hemos visto como han detenido periodistas, han detenido reporteros, han detenido tuiteros, han detenido reporteros gráficos y les han borrado inclusive las informaciones que ellos han sacado de la gasolina, la cola (…) la guardia nacional les ha borrado el material”.
A propósito de conmemorarse el pasado 27 de junio el Día del Periodista, la ONG Transparencia Venezuela emitió un comunicado, en el que detalló la situación del periodismo en el país durante la pandemia. “La organización apuntó que desde el inicio del confinamiento aumentaron las amenazas y acusaciones contra periodistas, trabajadores sanitarios y ciudadanos. Según las cifras de la agencia, más de 840 personas habían sido detenidas, entre ellas 22 periodistas”, destaca el texto.
Pacheco aseguró que la autocensura afecta no solo a los profesionales de la comunicación, sino también a los trabajadores del sector salud que, a su juicio, esconden las cifras reales para no entrar en conflicto con la administración de Nicolás Maduro, que se han encargado de ofrecer los reportes referentes a los nuevos casos de coronavirus.
“La autocensura, el miedo a dar la información. Muchas veces nos llegan informaciones de los hospitales y los centros de salud sobre el COVID y no las damos por miedo, porque resulta que te llevan detenido, te allanan tu casa, te llevan tus equipos, los decomisan. A la gente le da miedo declarar, a los medios y periodistas les da miedo sacar la información”, dijo.
“Hay miedo de publicar, hay quienes se arriesgan y siguen luchando, pero a cuenta de qué. A qué costo. El costo es alto, que te lleven detenido, que te boten de tu trabajo, que no consigas empleo luego. Conozco al director y a algunos médicos (del Hospital Victorino Santaella, Los Teques) y, sin embargo, la información no me la dan. Uno la consigue por otra vía, pero directamente del director o la gente que deberían dar la información, pues no”, insistió la representante del CNP:
La ONG Espacio Público detalló en su más reciente informe que durante el mes de agosto se registraron 109 violaciones a la libertad de expresión. “La mayoría de las víctimas fueron periodistas (49%) y particulares (40%), seguidos por plataformas web (4%); mientras que los principales responsables de las vulneraciones al derecho fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y desconocidos”, señala el documento.
La comunicadora resaltó en una conversación con HispanoPost que son pocos los medios y periodistas que se atreven a hablar abiertamente de las cifras de afectados por la pandemia del COVID-19. “Hemos visto como han detenido periodistas, han detenido reporteros, han detenido tuiteros, han detenido reporteros gráficos y les han borrado inclusive las informaciones que ellos han sacado de la gasolina, la cola (…) la guardia nacional les ha borrado el material”.
A propósito de conmemorarse el pasado 27 de junio el Día del Periodista, la ONG Transparencia Venezuela emitió un comunicado, en el que detalló la situación del periodismo en el país durante la pandemia. “La organización apuntó que desde el inicio del confinamiento aumentaron las amenazas y acusaciones contra periodistas, trabajadores sanitarios y ciudadanos. Según las cifras de la agencia, más de 840 personas habían sido detenidas, entre ellas 22 periodistas”, destaca el texto.
Pacheco aseguró que la autocensura afecta no solo a los profesionales de la comunicación, sino también a los trabajadores del sector salud que, a su juicio, esconden las cifras reales para no entrar en conflicto con la administración de Nicolás Maduro, que se han encargado de ofrecer los reportes referentes a los nuevos casos de coronavirus.
“La autocensura, el miedo a dar la información. Muchas veces nos llegan informaciones de los hospitales y los centros de salud sobre el COVID y no las damos por miedo, porque resulta que te llevan detenido, te allanan tu casa, te llevan tus equipos, los decomisan. A la gente le da miedo declarar, a los medios y periodistas les da miedo sacar la información”, dijo.
“Hay miedo de publicar, hay quienes se arriesgan y siguen luchando, pero a cuenta de qué. A qué costo. El costo es alto, que te lleven detenido, que te boten de tu trabajo, que no consigas empleo luego. Conozco al director y a algunos médicos (del Hospital Victorino Santaella, Los Teques) y, sin embargo, la información no me la dan. Uno la consigue por otra vía, pero directamente del director o la gente que deberían dar la información, pues no”, insistió la representante del CNP:
La ONG Espacio Público detalló en su más reciente informe que durante el mes de agosto se registraron 109 violaciones a la libertad de expresión. “La mayoría de las víctimas fueron periodistas (49%) y particulares (40%), seguidos por plataformas web (4%); mientras que los principales responsables de las vulneraciones al derecho fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y desconocidos”, señala el documento.
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