¿Hubo prevaricación en la votación de la reforma laboral? Juan Ignacio Fuster-Fabra analiza las claves
La votación de la reforma laboral ha puesto a Meritxell Batet en el centro de las críticas al parecer que hubo ‘pucherazo’ en el voto telemático.
El abogado Juan Ignacio Fuster-Fabra, socio del despacho Fuster-Fabra y docente, analiza esta cuestión en el programa ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital).
Destaca el letrado que, desgraciadamente, ya no llama la atención, especialmente a los abogados, esta serie de atropellos a la legalidad o a la normativa por parte del Gobierno.
“Estamos hablando de una votación muy reñida y con una implicación muy importante para la sociedad y para el futuro empleo en España. En este caso, un diputado del Partido Popular ha cometido un error. Un error que podía ser subsanado porque podía pedir una revisión a nivel personal, podía personarse y rectificar su voto, estaba en tiempo y forma. Y, por las noticias que nos han llegado desde los medios de comunicación, se ha podido visualizar que las instrucciones o la normativa que debe seguir la mesa no han sido lo suficientemente escrupulosas como para poder tomar una decisión acorde a la normativa y a la legalidad”.
Preguntado por la vigencia de la resolución de 2012, incide en que esta mesa tenía que resolver este tipo de cuestiones, ya que cuando hay un problema o controversia en la interpretación del reglamento y la normativa del Congreso de los Diputados, es a la mesa a quien hay que acudir y son los propios técnicos los que, en ese momento, pueden emitir una interpretación correcta.
“Si que es cierto que se hicieron modificaciones para permitir que, por un estado de alarma y una situación compleja, crear una serie de armas y herramientas con el fin de ejercitar el derecho de los diputados. En este momento, los diputados tienen una situación híbrida. Es decir, pueden elegir optar por el voto telemático, pero, también, por la comparecencia personal”.
En este sentido, subraya que lo importante es que Batet tenía la obligación de consultar con la mesa y hacer una elevación a la mesa de la cuestión y ver si lo hizo o no.
“En el caso de que no lo haga, lo que vamos a averiguar ahora es que se depuren las responsabilidades, precisamente, con respecto a su actuación deliberada y clara porque ha sido una decisión que ha tomado ella en persona directa”.
Asimismo, comenta que es “muy difícil” saber cuánto tiempo va a tardar en resolverse esta situación. “Hay situaciones en las que el Tribunal Constitucional resuelve inmediatamente y, en otras, aún no han resuelto todavía. La resolución tardará un tiempo considerable”, subraya Fuster-Fabra.
El abogado Juan Ignacio Fuster-Fabra, socio del despacho Fuster-Fabra y docente, analiza esta cuestión en el programa ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital).
Destaca el letrado que, desgraciadamente, ya no llama la atención, especialmente a los abogados, esta serie de atropellos a la legalidad o a la normativa por parte del Gobierno.
“Estamos hablando de una votación muy reñida y con una implicación muy importante para la sociedad y para el futuro empleo en España. En este caso, un diputado del Partido Popular ha cometido un error. Un error que podía ser subsanado porque podía pedir una revisión a nivel personal, podía personarse y rectificar su voto, estaba en tiempo y forma. Y, por las noticias que nos han llegado desde los medios de comunicación, se ha podido visualizar que las instrucciones o la normativa que debe seguir la mesa no han sido lo suficientemente escrupulosas como para poder tomar una decisión acorde a la normativa y a la legalidad”.
Preguntado por la vigencia de la resolución de 2012, incide en que esta mesa tenía que resolver este tipo de cuestiones, ya que cuando hay un problema o controversia en la interpretación del reglamento y la normativa del Congreso de los Diputados, es a la mesa a quien hay que acudir y son los propios técnicos los que, en ese momento, pueden emitir una interpretación correcta.
“Si que es cierto que se hicieron modificaciones para permitir que, por un estado de alarma y una situación compleja, crear una serie de armas y herramientas con el fin de ejercitar el derecho de los diputados. En este momento, los diputados tienen una situación híbrida. Es decir, pueden elegir optar por el voto telemático, pero, también, por la comparecencia personal”.
En este sentido, subraya que lo importante es que Batet tenía la obligación de consultar con la mesa y hacer una elevación a la mesa de la cuestión y ver si lo hizo o no.
“En el caso de que no lo haga, lo que vamos a averiguar ahora es que se depuren las responsabilidades, precisamente, con respecto a su actuación deliberada y clara porque ha sido una decisión que ha tomado ella en persona directa”.
Asimismo, comenta que es “muy difícil” saber cuánto tiempo va a tardar en resolverse esta situación. “Hay situaciones en las que el Tribunal Constitucional resuelve inmediatamente y, en otras, aún no han resuelto todavía. La resolución tardará un tiempo considerable”, subraya Fuster-Fabra.