Elba Esther Gordillo consigue amparo pero ni asi saldrá de la cárcel
Un juez otorgó este martes un amparo a Elba Esther Gordillo por considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) fundamentó mal el expediente de la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
"El Juez de amparo consideró que la resolución reclamada carecía de los requisitos de forma que vulneran en perjuicio de los quejosos el artículo 16 del Pacto Federal, dadas las imprecisiones y características de dicho ilícito en cuanto a sus elementos, así como la precisión de la conducta atribuida a cada uno de los indiciados en lo que atañe a las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del ilícito", señaló en un boletín el Poder Judicial de la Federación.
La PGR deberá revisar el proceso penal que se le sigue a Gordillo, por posibles violaciones a sus derechos humanos y deficiencias técnicas en la integración de la averiguación.
"La Procuraduría General de la República no cumplió con el requisito de procedibilidad que exige la norma legal para ejercitar la acción penal, lo anterior si se toma en consideración que en las conductas que presuntivamente realizaron los impetrantes para cometer ese delito, utilizaron los servicios de instituciones que integran el servicio financiero y consecuentemente para proceder en contra de éstos, se requería necesariamente de la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ende se vulneró el derecho humano del debido proceso", se dice en el documento.
Se trata de "una resolución que no implica la libertad de la procesada ni la de sus coagraviados" dictada por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo en contra de Gordillo, José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez.
"El Juez de amparo consideró que la resolución reclamada carecía de los requisitos de forma que vulneran en perjuicio de los quejosos el artículo 16 del Pacto Federal, dadas las imprecisiones y características de dicho ilícito en cuanto a sus elementos, así como la precisión de la conducta atribuida a cada uno de los indiciados en lo que atañe a las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del ilícito", señaló en un boletín el Poder Judicial de la Federación.
La PGR deberá revisar el proceso penal que se le sigue a Gordillo, por posibles violaciones a sus derechos humanos y deficiencias técnicas en la integración de la averiguación.
"La Procuraduría General de la República no cumplió con el requisito de procedibilidad que exige la norma legal para ejercitar la acción penal, lo anterior si se toma en consideración que en las conductas que presuntivamente realizaron los impetrantes para cometer ese delito, utilizaron los servicios de instituciones que integran el servicio financiero y consecuentemente para proceder en contra de éstos, se requería necesariamente de la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ende se vulneró el derecho humano del debido proceso", se dice en el documento.
Se trata de "una resolución que no implica la libertad de la procesada ni la de sus coagraviados" dictada por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo en contra de Gordillo, José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez.