La Administración cambiará a los funcionarios de puesto de trabajo para ajustar áreas o determinados sectores que pierdan eficiencia o productividad ante los avances de la digitalización. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública dirigido por José Luis Escrivá ha aprobado una Orden ministerial para poner en marcha por primera vez planes de reestructuración dentro de la Administración pública.
Estos planes de reestructuración ya estaban contemplados en la reforma de la Administración pública aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre para simplificar y digitalizar los procesos y procedimientos administrativos como parte de los hitos a cumplir por España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, necesarios para lograr la concesión de los fondos europeos. La orden ministerial dicta las directrices para la elaboración de estos planes de reestructuración que, para su ejecución, permitirá adoptar medidas como la movilidad del personal o el cambio de puesto de trabajo, actuaciones que avala la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 1984.
La Orden ministerial regula de forma muy escueta la facultad del Ejecutivo para poner en marcha planes de reestructuración en sectores concretos "cuando un cambio tecnológico, una modificación en la forma de prestación de los servicios, la aparición de nuevos perfiles competenciales u otras circunstancias comprometan de manera significativa la prestación eficaz de los servicios".
Estos planes de reestructuración ya estaban contemplados en la reforma de la Administración pública aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre para simplificar y digitalizar los procesos y procedimientos administrativos como parte de los hitos a cumplir por España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, necesarios para lograr la concesión de los fondos europeos. La orden ministerial dicta las directrices para la elaboración de estos planes de reestructuración que, para su ejecución, permitirá adoptar medidas como la movilidad del personal o el cambio de puesto de trabajo, actuaciones que avala la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 1984.
La Orden ministerial regula de forma muy escueta la facultad del Ejecutivo para poner en marcha planes de reestructuración en sectores concretos "cuando un cambio tecnológico, una modificación en la forma de prestación de los servicios, la aparición de nuevos perfiles competenciales u otras circunstancias comprometan de manera significativa la prestación eficaz de los servicios".
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