El gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni apunta a criminalizar protestas pacíficas en un nuevo proyecto de ley de seguridad, bautizado por sus críticos como "Ley anti-Gandhi".
El paquete de 20 medidas ya fue aprobado por los diputados y su adopción depende de su paso en el senado, y contiene una serie de medidas que buscan castigar a los manifestantes, en particular a los activistas ecológicos, haciendo que ciertas acciones conlleven una pena de prisión.
El paquete de 20 medidas ya fue aprobado por los diputados y su adopción depende de su paso en el senado, y contiene una serie de medidas que buscan castigar a los manifestantes, en particular a los activistas ecológicos, haciendo que ciertas acciones conlleven una pena de prisión.
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00:11un piquete impide la entrada de trabajadores a la fábrica, un día de huelga. Para la
00:16CGEIL, el sindicato mayoritario en el país, limitar el derecho de manifestación es un
00:20ataque a la democracia. Primero era una falta administrativa, ahora se convierte en un crimen
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00:36adquirir una tarjeta SIM para su teléfono si no tienen un permiso de residencia. En
00:41la comunidad San Egidio, que se ocupa de los migrantes, creen que es una contradicción
00:45porque sin teléfono dejarán de estar controlados. Es además el único vínculo que tienen con
00:52sus familias y quitarles el teléfono les hará la vida aún más difícil. La ocupación
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01:01a un menor para mendigar, castigado con hasta cinco años. Está Italia convirtiéndose
01:07en un estado policial, es lo que sostiene la oposición, mientras las protestas por
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01:16atreverán a hacerlo una vez que entre en vigor.