El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha mantenido firme en su decisión tras el respaldo mayoritario de la cúpula fiscal para que siga en el cargo después de que el Tribunal Supremo acordara imputar, por primera vez, a un fiscal general del Estado, en relación con la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
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