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El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha sido acusado de insurrección tras su intento en diciembre de declarar la ley marcial, sumiendo al país en una crisis política sin precedentes.

Es el primer presidente en ejercicio de la historia de Corea del Sur que se enfrenta a cargos penales.

Sus abogados declararon que «la fiscalía ha cometido un grave error», y se ha reducido a «una herramienta de intereses políticos».

La imputación de Yoon se produce después de que un tribunal rechazara una prórroga de su detención, obligando a los fiscales a acusarle o ponerle en libertad.

El partido de la oposición se ha declarado a favor del «castigo» contra Yoon, mientras que su equipo jurídico criticó la medida por considerarla políticamente motivada.

La insurrección en Corea del Sur conlleva una pena máxima de cadena perpetua o muerte, aunque no se han llevado a cabo ejecuciones en décadas.

El Tribunal Constitucional está deliberando si destituye formalmente a Yoon. En toda Corea del Sur han estallado protestas a favor y en contra del presidente.

Yoon y su ex ministro de Defensa y altos mandos militares están acusados de orquestar un plan para hacerse con el poder.

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