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Pedro Sánchez ha vuelto a claudicar ante Carles Puigdemont.

En un nuevo pago de la factura por los sietes votos para seguir sentado en la poltrona, el jefe del Ejecutivo ha entregado las competencias de inmigración a Cataluña. El asunto no es baladí porque es un atropello a la Constitución por muchos frentes.

Por un lado, es un atentado contra la “indisoluble unidad de la Nación española” porque esta concesión es un reconocimiento velado al ‘Estado catalán’. Como ha dicho el prófugo Puigdemont para regodearse de este nuevo ‘éxito’, la materia de inmigración y manejo de las fronteras “son competencias de los estados” soberanos.

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