La imposiblidad de aprobar unos presupuestos podría desembocar en una convocatoria de elecciones

La decisión prácticamente tomada por el Gobierno de no presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado por segundo año consecutivo y de mantener en vigor las cuentas correspondientes a 2023, elaboradas en 2022 y aprobadas en una legislatura diferente a la actual, podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional .
Los expertos en derecho indican tres posibles acciones legales: un recurso de inconstitucionalidad por la falta de presentación y aprobación de una ley obligatoria; un conflicto de competencias del Senado contra el Gobierno y también contra el Congreso, en caso de que este último no actúe por su cuenta, ya que se le estaría impidiendo cumplir su función legislativa; y una demanda de amparo por la omisión del legislador.
Cualquiera de estas tres opciones podría llevar al TC a ordenar al Gobierno que presente los Presupuestos en un plazo fijo e inamovible o, si no fuera posible, que disuelva las Cámaras y convoque nuevas elecciones.