La lucha contra la corrupción en Rumanía
La Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía (DNA), está en el epicentro de la lucha contra este mal endémico que ha privado al Estado de miles de millones de euros desde la década de los 90. Dirigida por la fiscal Laura Codruta Kövesi desde mayo de 2013, la institución ha hecho una buena limpieza: solo entre 2014 y 2016, 1.171 personas han sido condenadas, incluidos parlamentarios, concejales y altos funcionarios solo por el cargo de abuso de poder, una de las infracciones más comunes y sobre la que se centra, entre otras cosas, la reforma gubernamental.
El decreto reduce las penas por abuso de poder, que pasan de un máximo de siete años de cárcel a tres e introduce un límite mínimo un de 44.000 euros de perjuicio para lanzar el procedimiento judicial. También estipula que el delito no puede ser denunciado más de seis meses después de haber sido cometido, lo que según la DNA, enterrará la mayor parte de los casos. Hasta ahora, los sospechosos que denunciaban casos de corrupción podían beneficiarse de una reducción de sus penas. Sin eso, señala el jefe de la División Nacional Contra el Crimen Organizado, ya no tienen ningún interés en hacerlo.
Daniel Horodniceanu, director de la División Nacional Contra el Crimen Organizado:
“En el momento en que un sospechoso no tiene nada que ganar si denuncia, no tiene ningún interés en hacerlo. Por tanto, este tipo de actos permanecerán en la sombra, donde el Estado no puede detectarlos ni probarlos.
El decreto permitirá indultar a 2.700 condenados por delitos menores. Un argumento a su favor según el jefe de la comisión de justicia en el Parlamento, Eugen Nicolicea (PSD): “Tenemos un exceso de población carcelaria y este problema puede resolverse o bien aumentando el número de plazas, o reduciendo el número de reclusos. La forma más rápida de resolver esto es una amnistía.
Fuimos criticados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos dio ejemplos de otros Estados, por lo que seguimos esos ejemplos. Y ahora, nos critican por hacer exactamente lo que nos dijeron que hiciéramos.”
Según el informe de la ONG Transparencia Internacional, publicado a finales de enero, Rumanía es uno de los peores clasificados en el seno de los 28 en cuanto a la percepción de corrupción de los ciudadanos en su vida cotidiana.
El decreto reduce las penas por abuso de poder, que pasan de un máximo de siete años de cárcel a tres e introduce un límite mínimo un de 44.000 euros de perjuicio para lanzar el procedimiento judicial. También estipula que el delito no puede ser denunciado más de seis meses después de haber sido cometido, lo que según la DNA, enterrará la mayor parte de los casos. Hasta ahora, los sospechosos que denunciaban casos de corrupción podían beneficiarse de una reducción de sus penas. Sin eso, señala el jefe de la División Nacional Contra el Crimen Organizado, ya no tienen ningún interés en hacerlo.
Daniel Horodniceanu, director de la División Nacional Contra el Crimen Organizado:
“En el momento en que un sospechoso no tiene nada que ganar si denuncia, no tiene ningún interés en hacerlo. Por tanto, este tipo de actos permanecerán en la sombra, donde el Estado no puede detectarlos ni probarlos.
El decreto permitirá indultar a 2.700 condenados por delitos menores. Un argumento a su favor según el jefe de la comisión de justicia en el Parlamento, Eugen Nicolicea (PSD): “Tenemos un exceso de población carcelaria y este problema puede resolverse o bien aumentando el número de plazas, o reduciendo el número de reclusos. La forma más rápida de resolver esto es una amnistía.
Fuimos criticados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos dio ejemplos de otros Estados, por lo que seguimos esos ejemplos. Y ahora, nos critican por hacer exactamente lo que nos dijeron que hiciéramos.”
Según el informe de la ONG Transparencia Internacional, publicado a finales de enero, Rumanía es uno de los peores clasificados en el seno de los 28 en cuanto a la percepción de corrupción de los ciudadanos en su vida cotidiana.