Un nuevo escándalo salpica a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
Según publica este 28 de septiembre de 2021 el periodista de investigación Francisco Mercado en 'The Objective', el bufete de Baltasar Garzón factura 9 millones a Venezuela por "coordinación con la Fiscalía en España".
En 'La Segunda Dosis', el programa que Alfonso Rojo lanza diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, explica el periodista que Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, para diversas tareas, como la "coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial".
En este sentido, según publica Mercado, la empresa PDVSA fichó al despacho de Garzón por 8,8 millones de euros "para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho".
Y entre las funciones acordadas por Ilocad y PDVSA estaba la "coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España", lo que afecta directamente a Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado y pareja de Garzón.
Un asunto que pone en cuestión -una vez más- la idoneidad de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.
Según publica este 28 de septiembre de 2021 el periodista de investigación Francisco Mercado en 'The Objective', el bufete de Baltasar Garzón factura 9 millones a Venezuela por "coordinación con la Fiscalía en España".
En 'La Segunda Dosis', el programa que Alfonso Rojo lanza diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, explica el periodista que Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, para diversas tareas, como la "coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial".
En este sentido, según publica Mercado, la empresa PDVSA fichó al despacho de Garzón por 8,8 millones de euros "para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho".
Y entre las funciones acordadas por Ilocad y PDVSA estaba la "coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España", lo que afecta directamente a Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado y pareja de Garzón.
Un asunto que pone en cuestión -una vez más- la idoneidad de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.
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