Ada Colau sigue protegiendo a los okupas y Barcelona triplica ya en okupaciones a Madrid. De las casi 9.000 okupaciones que ha sufrido España en los últimos seis meses, la mitad han sido en Cataluña.
Hace un año una empresa compró un edificio modernista en Barcelona, la casa Orsola. La empresa compradora tiene un litigio abierto contra cuatro inquilinos, en principio legales, porque residían allí antes de que el edificio cambiase de dueños, pero cuyo contrato expiró y los nuevos propietarios no quisieron prorrogar. En este tiempo, se han ocupado ilegalmente dos de las 27 viviendas que conforman el inmueble.
Ada Colau envió una carta oficial en la que presionaba a los propietarios en favor de los okupas y en la que les conminaba a ofrecer un alquiler social.
Los propietarios de la casa Orsola aseguran que los inquilinos “no han podido acreditar su vulnerabilidad” para optar a ese alquiler social y aseguran que a los “vecinos que tienen contratos indefinidos o a largo plazo se les ha respetado”.
Ahora, los propietarios de la finca preparan una denuncia contra la alcaldesa Ada Colau y el Ayuntamiento de Barcelona por prevaricación, difamación, amenazas y coacciones ya que dicen encontrarse en una situación de indefensión por haber sido amenazados y coaccionados por el Ayuntamiento de Colau.
Hace un año una empresa compró un edificio modernista en Barcelona, la casa Orsola. La empresa compradora tiene un litigio abierto contra cuatro inquilinos, en principio legales, porque residían allí antes de que el edificio cambiase de dueños, pero cuyo contrato expiró y los nuevos propietarios no quisieron prorrogar. En este tiempo, se han ocupado ilegalmente dos de las 27 viviendas que conforman el inmueble.
Ada Colau envió una carta oficial en la que presionaba a los propietarios en favor de los okupas y en la que les conminaba a ofrecer un alquiler social.
Los propietarios de la casa Orsola aseguran que los inquilinos “no han podido acreditar su vulnerabilidad” para optar a ese alquiler social y aseguran que a los “vecinos que tienen contratos indefinidos o a largo plazo se les ha respetado”.
Ahora, los propietarios de la finca preparan una denuncia contra la alcaldesa Ada Colau y el Ayuntamiento de Barcelona por prevaricación, difamación, amenazas y coacciones ya que dicen encontrarse en una situación de indefensión por haber sido amenazados y coaccionados por el Ayuntamiento de Colau.
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