Una nueva Directiva para garantizar que los plazos de pago se establezcan sobre una base más justa.
Técnicamente, el retraso a la hora de efectuar los pagos no es ilegal. Sin embargo, unos plazos de pago, demasiado largos, perjudican a las pequeñas empresas, y son perjudiciales para la inversión, la tesorería y los salarios.