Madre migrante pide 60 millones de dólares por muerte de su hija
La madre de una bebé que murió semanas después de ser liberada del centro de detención familiar más grande de Estados Unidos, presentó una reclamación por la muerte de su niña y pidió una compensación de 60 millones de dólares al gobierno federal.
Los abogados de Yazmín Juárez presentaron la reclamación contra varias agencias federales. La bebé de un año, Mariee, murió en mayo.
La nena se enfermó de las vías respiratorias en el Centro Residencial Familiar de South Texas en Dilley, Texas, donde estuvo detenida junto con su madre.
Juárez argumenta que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) las dejó en libertad pese a que Mariee estaba enferma.
El bufete de abogados Arnold & Porter, con sede en Washington, afirmó que demandará al gobierno federal si es que no llegan a un acuerdo sobre la reclamación.
La madre de la menor también presentó una reclamación de 40 millones de dólares contra la ciudad de Eloy, en Arizona, que oficialmente opera el centro de detención de Dilley en virtud de un acuerdo de transferencia con el ICE y la empresa privada de prisiones CoreCivic.
Los abogados de Yazmín Juárez presentaron la reclamación contra varias agencias federales. La bebé de un año, Mariee, murió en mayo.
La nena se enfermó de las vías respiratorias en el Centro Residencial Familiar de South Texas en Dilley, Texas, donde estuvo detenida junto con su madre.
Juárez argumenta que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) las dejó en libertad pese a que Mariee estaba enferma.
El bufete de abogados Arnold & Porter, con sede en Washington, afirmó que demandará al gobierno federal si es que no llegan a un acuerdo sobre la reclamación.
La madre de la menor también presentó una reclamación de 40 millones de dólares contra la ciudad de Eloy, en Arizona, que oficialmente opera el centro de detención de Dilley en virtud de un acuerdo de transferencia con el ICE y la empresa privada de prisiones CoreCivic.