• hace 5 meses
Isabel Díaz Ayuso anunció nuevas medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y criticó la Ley de Vivienda de 2023 del PSOE.
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Transcripción
00:00La preocupación por la vivienda es una prioridad para la comunidad, somos conscientes de esta situación, por eso estamos defendiendo un marco de colaboración público-privada donde se garantice el acceso a la vivienda y sea, como es, un derecho protegido por ley, pero respetando la propiedad, la libertad y sin intervencionismo ni ocurrencias políticas que lo único que están haciendo es aún multiplicar más los problemas.
00:27La Ley Estatal de Vivienda de 2023 no es la primera ley que se ha aprobado en la historia de la democracia, no es cierto que sea la primera en estos últimos 45 años, siempre ha habido planes estatales de vivienda en los que se fija la financiación, se establece la normativa civil y procesal, pero el hecho es que ha provocado un descenso en la oferta de pisos y ha incrementado los precios de manera desorbitada, ha disparado la ocupación y ha generado todavía mayor inseguridad jurídica.
00:57Y creo que la seguridad jurídica es la condición mínima para vivir en libertad y para servir al interés general, si se perjudica esta seguridad jurídica y al poder judicial se hunde la empresa, la vivienda, la prosperidad y, por tanto, consideramos que no se puede intervenir ni la vivienda, ni el mercado, tampoco el mercado laboral, ni la justicia, los medios, no se puede hacer esto al servicio de las administraciones, no podemos hacerlo.
01:25Porque una democracia liberal necesita unas instituciones fuertes, unos contrapesos, unos contrapoderes, donde no puede haber autoritarismo y tampoco arbitrariedad en la toma de decisiones, porque, si no, primero empieza esa decadencia y después llegan problemas todavía mayores, como estamos viendo allá donde se aplican estas normas.
01:43Por eso creo que no hay que prohibir por prohibir ni limitar sin más, sin criterio. Esto es lo mismo que está pasando con los pisos turísticos, donde evidentemente tiene que haber una regulación, donde tiene que haber una intermediación, una seguridad, pero no puede haber una prohibición total, como se pretende ahora, puesto que el problema va a ir a mayor.

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