El Senado australiano ha aprobado una ley pionera que prohíbe el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, en un intento de proteger a los jóvenes de los daños en línea.
La ley, que impone multas de hasta 50 millones de dólares australianos a las empresas tecnológicas que la incumplan, representa la mayor restricción de edad del mundo y entrará en vigor dentro de 12 meses.
El Primer Ministro, Anthony Albanese, describió la medida como una defensa de la infancia, haciéndose eco de las preocupaciones de grupos de padres sobre los efectos perjudiciales de las redes sociales.
«Queremos que los padres estén tranquilos», declaró Albanese.
A diferencia de otros esfuerzos mundiales, la prohibición australiana no prevé excepciones para el consentimiento paterno o los usuarios existentes.
Las plataformas que requieren cuentas, como TikTok e Instagram, estarán en el punto de mira, pero las aplicaciones de mensajería y sitios como YouTube están exentos.
La aplicación de la ley se basará en tecnologías de verificación de la edad, aunque se han cuestionado su eficacia y sus implicaciones para la privacidad.
Los detractores, entre ellos defensores de los jóvenes y empresas tecnológicas, sostienen que la prohibición es demasiado amplia y puede empujar a los niños a espacios en línea menos regulados.
Meta calificó el proyecto de «ineficaz», mientras que TikTok criticó la vaguedad de sus definiciones. Otros destacaron la facilidad para eludir las restricciones mediante VPN.
Partidarios como Amy Friedlander afirman que la ley liberará a los padres de la «elección imposible» entre denegar el acceso o arriesgarse a la adicción.
Sin embargo, los grupos juveniles expresaron su frustración por haber sido excluidos de las consultas y subrayaron la importancia de sus voces para dar forma a las soluciones.
A pesar del interés mundial por esta política, siguen sin resolverse los problemas de privacidad, aplicación y compatibilidad con la legislación internacional.
No obstante, sostiene Albanese, «no podemos ignorar nuestra responsabilidad».
La ley, que impone multas de hasta 50 millones de dólares australianos a las empresas tecnológicas que la incumplan, representa la mayor restricción de edad del mundo y entrará en vigor dentro de 12 meses.
El Primer Ministro, Anthony Albanese, describió la medida como una defensa de la infancia, haciéndose eco de las preocupaciones de grupos de padres sobre los efectos perjudiciales de las redes sociales.
«Queremos que los padres estén tranquilos», declaró Albanese.
A diferencia de otros esfuerzos mundiales, la prohibición australiana no prevé excepciones para el consentimiento paterno o los usuarios existentes.
Las plataformas que requieren cuentas, como TikTok e Instagram, estarán en el punto de mira, pero las aplicaciones de mensajería y sitios como YouTube están exentos.
La aplicación de la ley se basará en tecnologías de verificación de la edad, aunque se han cuestionado su eficacia y sus implicaciones para la privacidad.
Los detractores, entre ellos defensores de los jóvenes y empresas tecnológicas, sostienen que la prohibición es demasiado amplia y puede empujar a los niños a espacios en línea menos regulados.
Meta calificó el proyecto de «ineficaz», mientras que TikTok criticó la vaguedad de sus definiciones. Otros destacaron la facilidad para eludir las restricciones mediante VPN.
Partidarios como Amy Friedlander afirman que la ley liberará a los padres de la «elección imposible» entre denegar el acceso o arriesgarse a la adicción.
Sin embargo, los grupos juveniles expresaron su frustración por haber sido excluidos de las consultas y subrayaron la importancia de sus voces para dar forma a las soluciones.
A pesar del interés mundial por esta política, siguen sin resolverse los problemas de privacidad, aplicación y compatibilidad con la legislación internacional.
No obstante, sostiene Albanese, «no podemos ignorar nuestra responsabilidad».
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