► Las redes sociales están en el foco de debate. La agresión a Rajoy por parte de un menor provocó una intensa búsqueda de la huella digital del joven. El retrato incluía tuits amenazantes, fotos polémicas y mensajes ofensivos de Whatsapp. Y todo cuando Bruselas anunciaba medidas sobre el acceso de jóvenes a Internet
Redacción Central, 20 diciembre 2015 (CERES TV)
El martes, en plena resaca del bronco cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, llegó una noticia de alcance desde Bruselas. Tras tres años de negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo habían llegado a un acuerdo sobre la propuesta de la tercera gran pata de las instituciones comunitarias, la Comisión, para reformar la política de protección de datos. Terminaban tres años de arduas negociaciones. Y la presidencia de turno de la UE, ejercida por Luxemburgo, lo calificaba como algo «histórico», como un paso adelante en la regulación de la privacidad en la era digital. Y como un texto «equilibrado», que (según Bruselas) por un lado permitirá a las personas beneficiarse de un mayor control de sus datos personales en la Red, y por el otro fija reglas claras para que las empresas garanticen la privacidad de la información personal que gestionan y almacenan. Hay polémica sobre este último punto. Pero la atención de la opinión pública y los medios estaba centrada en la carrera hacia las urnas que finaliza hoy, con la jornada electoral, y pasó casi inadvertida.
La nueva normativa, aún pendiente de su aprobación definitiva, y que podría estar vigente para el año 2018, sustituirá a las legislaciones particulares de los países de la Unión. E incluye un artículo que ha levantado mucha controversia a ambos lados del océano Atlántico: millones de adolescentes europeos tendrán que contar con un permiso explícito de sus padres para poder tener una cuenta en Internet y usar redes sociales tan presentes en la vida cotidiana como Twitter o Facebook, WhatsApp o Instagram.
Parte del debate de la política de protección de datos giró sobre la protección de los menores en Internet. Hubo quién planteó excluir a todos los que no tuvieran 16 años de los servicios digitales. Pero es un hecho que solo en el ámbito europeo hay millones de usuarios de esas edades activos hoy en día en diferentes plataformas. Y que hacen un uso muy intenso de redes y servicios como Snapchat, Vine o Youtube, propiedad de Google. Pero el texto legal no llegó tan lejos.
La normativa sí condiciona el acceso a los servicios digitales a un consentimiento explícito -efectuado a través de alguna acción online- por parte de los padres. Fija una edad mínima de acceso libre diferente a la vigente en Estados Unidos. Al otro lado del charco el límite está en los 13 años. En Bruselas hubo quién defendió usar ese mismo umbral, pero no hubo acuerdo. Se queda fijado en los 16. Aunque los Estados podrán bajarlo, esa decisión ha generado mucha controversia.
¿Cómo controlar de forma eficaz el acceso de un menor a un servicio? ¿Enviando una autorización escrita y una fotocopia del DNI? ¿Con un formulario en línea? ¿Creando un registro universal? La tecnología tendrá que dar respuesta. Pero parece muy difícil ponerle puertas al campo y evitar a los nativos digitales que se muevan por el ecosistema en el que se han criado. Y que promueve la sociedad de la Información. Ahora mismo numerosas redes tienen fijado un límite de edad de 14 años. Pero ese dato no suele requerir verificación, sino una declaración de buena voluntad. Puede ser alterado. Y suele serlo.
Según los datos de IAB, la patronal de la publicidad digital, en España el 82 % de los internautas de entre 18 y 55 años utilizan redes. Facebook es la más utilizada, seguida por Youtube y por Twitter. Los datos relativos al grupo de edad de entre 14 y 17 años muestran como el porcentaje de los que usan redes llega hasta el 97 %. ¿Se puede condicionar su acceso a esos servicios o a otros mayoritarios como Instagram o Snapchat? ¿Y qué le preocupa a los padres? Según un estudio del Gobierno sobre «Hábitos de uso y seguridad de Internet de menores y jóvenes», los padres temen que sus hijos «sean contactados por extraños», que vean «material inapropiado», que puedan cometerse delitos contra sus hijos» y/o que sean ellos quienes los cometen. El estudio también recoge las acciones que nunca supervisan los padres y las que sí controlan de forma estricta.
Según la encuesta, hay muy poco control del uso de mensajería como WhatsApp, del visionado de vídeos o de la navegación.
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El martes, en plena resaca del bronco cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, llegó una noticia de alcance desde Bruselas. Tras tres años de negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo habían llegado a un acuerdo sobre la propuesta de la tercera gran pata de las instituciones comunitarias, la Comisión, para reformar la política de protección de datos. Terminaban tres años de arduas negociaciones. Y la presidencia de turno de la UE, ejercida por Luxemburgo, lo calificaba como algo «histórico», como un paso adelante en la regulación de la privacidad en la era digital. Y como un texto «equilibrado», que (según Bruselas) por un lado permitirá a las personas beneficiarse de un mayor control de sus datos personales en la Red, y por el otro fija reglas claras para que las empresas garanticen la privacidad de la información personal que gestionan y almacenan. Hay polémica sobre este último punto. Pero la atención de la opinión pública y los medios estaba centrada en la carrera hacia las urnas que finaliza hoy, con la jornada electoral, y pasó casi inadvertida.
La nueva normativa, aún pendiente de su aprobación definitiva, y que podría estar vigente para el año 2018, sustituirá a las legislaciones particulares de los países de la Unión. E incluye un artículo que ha levantado mucha controversia a ambos lados del océano Atlántico: millones de adolescentes europeos tendrán que contar con un permiso explícito de sus padres para poder tener una cuenta en Internet y usar redes sociales tan presentes en la vida cotidiana como Twitter o Facebook, WhatsApp o Instagram.
Parte del debate de la política de protección de datos giró sobre la protección de los menores en Internet. Hubo quién planteó excluir a todos los que no tuvieran 16 años de los servicios digitales. Pero es un hecho que solo en el ámbito europeo hay millones de usuarios de esas edades activos hoy en día en diferentes plataformas. Y que hacen un uso muy intenso de redes y servicios como Snapchat, Vine o Youtube, propiedad de Google. Pero el texto legal no llegó tan lejos.
La normativa sí condiciona el acceso a los servicios digitales a un consentimiento explícito -efectuado a través de alguna acción online- por parte de los padres. Fija una edad mínima de acceso libre diferente a la vigente en Estados Unidos. Al otro lado del charco el límite está en los 13 años. En Bruselas hubo quién defendió usar ese mismo umbral, pero no hubo acuerdo. Se queda fijado en los 16. Aunque los Estados podrán bajarlo, esa decisión ha generado mucha controversia.
¿Cómo controlar de forma eficaz el acceso de un menor a un servicio? ¿Enviando una autorización escrita y una fotocopia del DNI? ¿Con un formulario en línea? ¿Creando un registro universal? La tecnología tendrá que dar respuesta. Pero parece muy difícil ponerle puertas al campo y evitar a los nativos digitales que se muevan por el ecosistema en el que se han criado. Y que promueve la sociedad de la Información. Ahora mismo numerosas redes tienen fijado un límite de edad de 14 años. Pero ese dato no suele requerir verificación, sino una declaración de buena voluntad. Puede ser alterado. Y suele serlo.
Según los datos de IAB, la patronal de la publicidad digital, en España el 82 % de los internautas de entre 18 y 55 años utilizan redes. Facebook es la más utilizada, seguida por Youtube y por Twitter. Los datos relativos al grupo de edad de entre 14 y 17 años muestran como el porcentaje de los que usan redes llega hasta el 97 %. ¿Se puede condicionar su acceso a esos servicios o a otros mayoritarios como Instagram o Snapchat? ¿Y qué le preocupa a los padres? Según un estudio del Gobierno sobre «Hábitos de uso y seguridad de Internet de menores y jóvenes», los padres temen que sus hijos «sean contactados por extraños», que vean «material inapropiado», que puedan cometerse delitos contra sus hijos» y/o que sean ellos quienes los cometen. El estudio también recoge las acciones que nunca supervisan los padres y las que sí controlan de forma estricta.
Según la encuesta, hay muy poco control del uso de mensajería como WhatsApp, del visionado de vídeos o de la navegación.
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