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China enfrenta una crisis económica y social sin precedentes. La congelación de depósitos bancarios en cinco entidades dejó a más de 400,000 ciudadanos sin acceso a sus ahorros, desatando protestas masivas. Este problema, resultado de un esquema fraudulento de una década, evidenció la fragilidad del sistema bancario basado en reservas fraccionarias, donde los bancos no tienen el dinero físico que respaldan los depósitos.

Simultáneamente, el sector inmobiliario, que representa el 70-80% de los activos familiares, enfrenta un colapso. Las ventas han caído un 20%, y los inicios de construcción, un 30%, mientras proyectos valuados en millones de pies cuadrados están detenidos. Esto desató un boicot hipotecario masivo por parte de compradores frustrados, acumulando deudas impagas por 300 mil millones de dólares, agravando la presión sobre los bancos y extendiendo el descontento social.

La crisis expone fallos en la gestión económica del país y genera un efecto dominó que amenaza con desestabilizar todo el sistema financiero chino. A pesar de los esfuerzos del gobierno, como fondos de rescate y suspensión de pagos hipotecarios, las soluciones parecen insuficientes para resolver problemas estructurales más profundos. Estos eventos destacan los riesgos de un modelo económico dependiente del crédito y la especulación.

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